PERIÓDICO
“EL LECTOR” DE GUINEA ECUATORIAL
1.- Pregunta.- Sr. Ponciano, cómo se define. ¿abogado o político?
Respuesta: De entrada, sería de
ética social darme el apelativo de Doctor Ponciano, para situarme en la escala social
que me merezco, aunque se nota que en Guinea Ecuatorial han desaparecido las
escalas sociales que conocí durante mi infancia y juventud. Ahora bien, como hombre de ciencia, y antes de responder a lo que soy, si abogado o
político, me gustaría definir lo que yo entiendo por abogado y por político.
Abogado es el profesional en Derecho, licenciado o doctor,
inscrito en un Colegio de Abogados, y que de forma libre e independiente se
dedica al asesoramiento jurídico y la dirección y defensa de las partes en todo
tipo de procesos.
Político es la persona que se dedica a una actividad
política, o quien interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado.
Evidentemente, soy abogado porque, desde enero de 1992, estoy
inscrito en el Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial, con el número 37 de colegiación,
y me dedico a las actividades enunciadas en líneas precedentes.
No soy político, porque no me dedico actualmente a ninguna
actividad política de las enumeradas para los políticos. Ahora bien, si se
entiende por político a la persona que
también es abogado y se dedica al
libre ejercicio de la profesión y defiende a los mal llamados opositores en
pleito, no creo estar en razón los que opinan de esa manera, porque están
absorbidos por el mimetismo político negativo imperante en el país, y porque no
se han leído ningún artículo de la Ley Fundamental. No me extraña que por ello
me hayan suspendido en dos ocasiones el ejercicio de la profesión, la primera
vez por defender a Faustino Ondó Ebang (de UP), y la segunda y última vez al
Dr. Wenceslao Mansogo Alo (de CPDS). De verdad no sé el miedo que se tiene de
mí en este país como político.
En el régimen mal llamado de triste memoria sufrí durante
tres años privación de libertad sin mandamiento judicial ni juicio previo por
supuesto atentado contra el presidente Macías. Y en este régimen de alegre
memoria estoy perseguido por defender a supuestos opositores con los que
justifican identificarme. Por tanto, ayer fui opositor al presidente Macías y
hoy opositor al presidente Obiang. Pero todo ello queda muy lejos de la
realidad porque estoy más apegado a la ciencia que a la política, que en nada
me beneficia; antes bien, me perjudica de forma gratuita. Cada cosa con su
tiempo, y tiempo llegará para conocer el fondo de esa cuestión.
2.- Pregunta.-Existe la información de que usted haya firmado el
llamado “pacto de Madrid” propulsado en los últimos meses por la CPDS. ¿Por qué
y para qué lo ha firmado?
Respuesta: No lo he firmado como
militante de un partido político, porque no pertenezco a ninguno, ni estoy
sujeto a la disciplina de un grupo político. Soy profesional independiente y he
sentido la nostalgia de ver a todos los guineanos, de fuera y de dentro, reunidos
en una mesa para debatir los asuntos públicos que conciernen a todos los
guineanos, políticos y no políticos, sobre todo a los que viven alejados de la
tierra que les vio nacer y están privados de su nación, que es para todos
nosotros, y no para unos; nación que tampoco es sólo para los partidos
políticos legalizados, sino para todo aquél que tenga la nacionalidad
ecuatoguineana.
3.- Pregunta.-Pero, el escenario político de Guinea Ecuatorial
está en el interior del país. ¿Por qué Madrid?, y ¿usted se ha dado cuenta de
que lo suscriben un colectivo de políticos no reconocidos en el país?
Respuesta: ¿Y por qué Madrid fue
la ciudad donde se celebró la Conferencia Constitucional previa a la
independencia de Guinea Ecuatorial? Yo parto de la idea de que todos somos
guineanos, de fuera y de dentro, y que la discriminación entre colectivos
políticos reconocidos y no reconocidos es irrelevante en cuanto a los derechos
de unos y otros. También es de mi opinión que si hubiera medios económicos
suficientes, habría sido oportuno que los promotores del Manifiesto de Madrid
se trasladasen a todos los países del mundo donde fijan su residencia
ciudadanos ecuatoguineanos, porque todos ellos tienen cabida en Guinea
Ecuatorial, y si hasta ahora no vienen como debe ser a pesar de la bonanza
económica que se vive, es porque algo no
funciona. Y sólo mediante un diálogo sincero, cuando hay voluntad política para
ello, se puede aglutinar a todos los hijos de este país en una sola casa, que
es Guinea Ecuatorial. La expresión de “políticos no reconocidos en el país” invita
a retornar a la época del voto censitario, por el que sólo podían votar los
ricos y los ciudadanos con titulación universitaria, y creo que se ha superado
esa etapa política. Todos los guineanos, ricos, pobres, jóvenes, ancianos,
hombres, mujeres, debemos ser iguales ante la ley, porque esa discriminación
entre políticos reconocidos y no reconocidos en el país indica que no hay
igualdad ante la ley, y que sólo se considera como tales los residentes en
Guinea Ecuatorial, también seccionados en grupos bien identificados y
discriminados. Por otra parte, la Ley de Partidos Políticos vigente no
restringe la creación de más partidos políticos aparte de los ya existentes; es
decir, que la Ley deja todavía abierto el camino para la creación de otras
formaciones políticas. Pues aquellos políticos no reconocidos en el país
también tienen oportunidad para legalizar sus partidos o movimientos. Y ello
sólo lo pueden conseguir, eso sí, estando en el país, y no en el extranjero.
4.- Pregunta.- Se entiende que pactos como estos son suscritos por
los partidos políticos representados por sus delegados o representantes. ¿Y usted lo ha firmado en el nombre de cuál
colectivo?
Respuesta: ¿Quién ha dicho que
para alcanzar la buena gobernabilidad en un Estado de Derecho, sólo pueden
firmar pactos los partidos políticos? ¿Con eso me quiere señalar que sólo
tienen derecho a votar en unas elecciones municipales, legislativas o
presidenciales los afiliados a los partidos políticos? Pues no. Existe lo que
se llama Sociedad Civil, que comprende no solamente los partidos políticos,
sino también sindicatos de trabajadores (que no existen en Guinea Ecuatorial),
asociaciones profesionales (sólo existe el Colegio de Abogados), organizaciones
no gubernamentales, profesionales independientes, empresas públicas y privadas,
agricultores, cooperativas, estudiantes, profesores universitarios y de otros
niveles de enseñanza, etc. Todos esos colectivos e individuos están llamados a
beneficiarse de la buena gobernabilidad.
Respondiendo a la pregunta, yo he firmado el Manifiesto de
Madrid como profesional independiente y hombre de leyes muy sensible a las
injusticias, porque he sido víctima antaño de ellas, porque entiendo que si hay
guineanos residentes en otros países quejándose de la mala gobernabilidad, es
porque hay algo que no va bien, algo que les excluye de la cosa común. Porque
legitimar sólo a los guineanos residentes en el país como detentores del
derecho a firmar pactos o rechazarlos, es violar el principio de la protección
diplomática, que reside en la nacionalidad. ¿Quién ha dicho que los guineanos
residentes fuera del país no tienen derecho a opinar sobre los asuntos públicos
de Guinea Ecuatorial? ¿Entonces, por qué se instalan urnas en las misiones diplomáticas de Guinea
Ecuatorial durante las elecciones presidenciales? ¿Sería para que voten
masivamente los extranjeros de esos países o los guineanos?
Por último, y como profesional independiente, soy miembro
individual no solamente del Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial, sino también
de la Unión Internacional de Abogados (UIA), la Asociación Europea de Abogados
(AEA) y de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas de España (ASNALA),
y poseo los carnés distintivos de mi afiliación a esas instituciones
profesionales, que de alguna manera me hacen tener puntos de vista diferentes
frente a otros profesionales que sólo viven lo cotidiano de nuestra sociedad, y
no la evolución que ha experimentado la Profesión de abogado en el mundo. Pero
me consta que se prefiere contratar los servicios de abogados extranjeros para
tratar asuntos públicos de Guinea Ecuatorial que a los abogados guineanos, lo
cual implica un desprecio a la cosa nostra.
5.- Pregunta.- Sr. Mbomio Nvo, en los últimos años, nos hemos
informado de varios acuerdos como estos, con la finalidad, según las voces de
los políticos suscritos, “de impulsar un proceso de cambios políticos en el
país”; pero, ninguno de estos acuerdos haya triunfado; sino, se ha constatado
una guerra de intereses entre los promotores de los mismos. ¿No cree que
sucedería con la nueva iniciativa?
Respuesta: El contrato, el pacto, la ley, son acuerdos de obligado cumplimiento en
una sociedad civilizada y en un Estado de Derecho, cual se predica de Guinea
Ecuatorial. Pero estoy observando, no como político sino como abogado, que la
asunción de bienes materiales invade la voluntad de los ciudadanos para
oponerse al respeto de los pactos, no solo de los nacionales sino también de los
internacionales. El partido político ya no tiene el sentido que le atribuye la
Ley reguladora, cual es la participación en la formación de la voluntad general
por la que debe gobernarse y conducirse la sociedad. Todo se ha reducido a la
conquista de dinero, de modo que, si se hace buena estadística, se apreciará
que algunos partidos políticos carecen de militantes para la supervivencia como
tales, y otros están en permanente desintegración en facciones. Y eso que se llama “reinserción” al partido gubernamental es la vergüenza más grande que se puede vivir en países democráticos. Lo normal es que desparezca un partido político por haber perdido su militancia, y no que perviva sólo porque su líder tiene la necesidad de seguir beneficiándose de la subvención estatal. Así las cosas, desaparece el nacionalismo y el espíritu democrático que se precisa para respetar los pactos suscritos. En una palabra, los pactos, contratos, convenios y leyes de obligado cumplimiento se convierten en simples instrumentos semánticos.
6.- Pregunta.- Su opinión del actual clima político interno de Guinea Ecuatorial. ¿Le parece mejor que los últimos quince años?
Respuesta: El desarrollo físico de un país no puede ni debe suplantar al desarrollo espiritual o humano. Si llego a observar que un licenciado universitario de ahora escribe con faltas de ortografía, mientras el bachiller de hace cuarenta años lo hace mejor, concluyo que no se avanza en nada. Si el fin supremo del Estado es la persona humana, procuremos primero por el desarrollo de ésta y no por la edificación apriorística de la vivienda que va ocupar con su familia. Como bien lo señala un economista inglés en un estudio comparativo entre la educación y el desarrollo económico, “más vale dejar como herencia a tu hijo un título académico que doscientas mil libras esterlinas”. Si nos fijamos en las obras de infraestructura dominantes frente al subdesarrollo humano, hablaremos de pocos elogios y de mucho despilfarro de los recursos humanos. El desarrollo de las estructuras humanas deja mucho que desear.
7.- Pregunta.- Hace pocos días, el presidente Obiang Nguema ha afirmado que “aceptaría una mesa de diálogo con todas las sensibilidades políticas”, pero en el país. ¿Cómo le parece esta predisposición del Presidente?
Respuesta: Si es el Presidente
el que debe propiciar con su aceptación el diálogo incluyente, por eso he firmado el Manifiesto de Madrid,
y por entender que con ello se creará un ambiente favorable para que los guineanos
del exterior retornen al país con las debidas garantías jurídicas que influyan
en el diálogo de carácter incluyente. Ahora bien, si se va hacer un teatro cuya
aspiración siga dando la ecuación de “a menos comensales más ración”, no vale
la pena proyectar ese diálogo.
Por lo demás, debe tomarse en consideración que casi la
tercera parte de la población de este país está residiendo en el exterior, y
cada uno de esa población no residente tiene sus motivos para no retornar al
país a pesar de la crisis económica que azota a muchos de los países europeos
de acogida.
8.- Pregunta.- Hace unos pocos años, por un referéndum nacional se
ha aprobado la reforma de la Constitución. ¿Qué nuevos cambios proponen ahora
los partidos políticos?
Respuesta: Desde que Guinea Ecuatorial accedió a la independencia el 12 de octubre
de 1968 ha conocido la vigencia de seis
Constituciones (1968, 1973, 1982, 1991, 1995 y 2013). Como jurista de
profesión liberal, han sido y siguen siendo constituciones semánticas o
impracticables. Me explico, toda Ley Fundamental consta de dos partes, la
dogmática y la orgánica. En la parte dogmática se consagran los derechos y
libertades fundamentales de las personas, derechos cuya proclamación, en muchas
Constituciones como la nuestra, no es de aplicación directa. Pues, a cada
derecho o libertad le corresponde una ley de desarrollo para su ejercicio. Sin
embargo, nuestras constituciones no cesan de argumentar que “una ley regulará
el ejercicio de ese derecho o libertad”, lo que no se da en la práctica. Así
las cosas, los ciudadanos se quedan mudos y pasivos ante las constantes
agresiones a sus derechos y libertades fundamentales, porque no conocen el
camino a seguir para plantear la reivindicación del derecho vulnerado. Si eso
es lo que exigen los partidos políticos, me vale la pena haber firmado el
Manifiesto de Madrid. Y pongo como caso para cerrar este apartado el artículo 10 de la Ley Fundamental en vigor, que reconoce a los trabajadores el derecho a la huelga, y a renglón seguido afirma que una ley regulará el ejercicio de este derecho ¿Y dónde está esa ley? Lo mismo puedo decir de otros tantos derechos, sin restar importancia a la legislación civil y penal franquista que sigue aplicándose en los tribunales de justicia patrios.
9.- Pregunta.- En su faceta de
abogado, qué está sucediendo en el
colegio de abogados de nuestro país. Dicen algunas fuentes que funciona sin
“criterio”.
Respuesta: Yo fui Secretario del Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial durante
dos mandatos seguidos (1996-2000 y 2000-2004). Durante esos dos mandatos
firmamos Convenios de Hermanamiento con los Colegios de Abogados españoles de
Alicante, Zaragoza y Bilbao, convenios éstos que tenían por finalidad mantener
el adecuado nivel profesional en el ejercicio de la abogacía en Guinea
Ecuatorial con apoyo de esos colegios. Incluso el Consejo General de la
Abogacía Española nos compró un terreno de mil metros cuadrados donde construir
nuestra sede. Tal proyecto no pudo llevarse adelante por culpa de los que
tienen en este país el derecho de calificar a los demás y no a ellos mismos.
Los Estatutos del Colegio prevén que la Junta de Gobierno debe renovarse cada
cuatro años, pero la actual Junta lleva en el poder tres mandatos sin
renovación. Pero este no es el problema, sino el exacerbado intrusismo
profesional que se registra en nuestro Colegio de Abogados, donde constan ya
como inscritos profesionales que no son licenciados ni doctores en Derecho, los
que han cursado estudios de Derecho hasta el nivel de la diplomatura, y otros
que tienen títulos académicos falsificados, si bien la mayor parte de culpa la
tiene la Comisión de Homologación de Títulos residenciada en el Ministerio de
Educación y Ciencia. Otro problema surge en la incompatibilidad de varios
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, por ser éstos miembros de
gobierno estatal. Ante ese desorden, los jóvenes abogados están abandonados a
su suerte.
10.- Pregunta.- Podría, Sr. Ponciano explicarnos qué es prevaricación.
Pero, en ningún momento se ha condenado a nadie de este país por este delito.
Respuesta: El prevaricato, del
que se deduce el delito de prevaricación,
es una manifestación de la corrupción desarrollada por empleados y
personas dedicadas al ejercicio de funciones públicas.
Consiste en el incumplimiento malicioso o por ignorancia
culpable, de las funciones públicas que se desempeñan. Se destaca más en
injusticia dolosa o culposa cometida por un juez o magistrado. Puede consistir
en acción u omisión dolosa o culposa.
Por mi experiencia profesional, si se tuviera que procesar a
los jueces y magistrados incursos en el delito de prevaricación, se cerrarían
las puertas de la mayor parte de los juzgados y tribunales por tener a los
titulares en la mazmorra. Pero sucede todo lo contrario, gozan de absoluta
impunidad y eso debilita el normal funcionamiento del Estado de Derecho por la
inseguridad jurídica que corona los negocios.
Más que por la defensa de opositores, la verdadera causa de
mi persecución nace de mi oposición radical a la prevaricación judicial, cuya
denuncia no es del gusto de muchos
detentores de los cargos de jueces y magistrados, por lo que aprovechan
la oportunidad de calificarme de opositor y continuar con su agosto en
perjuicio de mi clientela. Arrastro un rosario de casos de prevaricación
punibles.
11.- Pregunta.- A propósito, Sr. Ponciano ¿Qué hace una abogado guineoecuatoriano
en las oficinas de AMMISTIA INTERNACIONAL?
Respuesta: Como recordará,
Amnistía Internacional es un movimiento global presente en más de 150 países y
que trabaja para que los derechos humanos, reconocidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 y otros tratados
internacionales, como los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, sean
reconocidos y respetados. Su objetivo principal
es realizar labores de investigación y emprender acciones para impedir y
poner fin a los abusos graves contra los derechos civiles, políticos, sociales,
culturales y económicos, y pedir justicia para aquellos cuyos derechos han sido
violados.
Amnistía Internacional sigue muy de cerca la evolución de los
derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Soy abogado defensor de los derechos
humanos, cualificación que es bien reconocida no sólo por Amnistía Internacional,
sino por otras Organización Internacionales sobre Derechos Humanos, por la activa participación que he tenido en
los procesos contra opositores celebrados en Malabo durante las décadas de los
años 90 a 2000.
Amnistía también ha vivido de cerca el calvario a que he sido
sometido en dos ocasiones con suspensiones colegiales por supuesta defensa de
opositores.
Creo que si me invita la Sección de Amnistía de Portugal para
conocer de primera mano la evolución de los derechos humanos en Guinea
Ecuatorial, no debe ser motivo de preocupación de nadie. En este campo gozo de
libertad de cátedra y no necesito autorización para relacionarme con Amnistía Internacional,
cuyo trabajo carece de aspiraciones políticas.
12.- Pregunta:
¿Por qué cree que la COMISION DE QUEJAS Y PETICIONES del Parlamento se hace más creíble por la
población que a los juzgados?
Respuesta: Por culpa del propio Poder Judicial, competente para dilucidar muchos de
los conflictos asumidos en la actualidad por la Comisión de Quejas y
Peticiones, aunque los jueces y magistrados alegan que se confiere más poder al
Parlamento que al Poder Judicial, lo cual no me convence. Pues partiendo de la
disposición constitucional que otorga al Poder Judicial la potestad de juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado, no llego a entender por qué el Parlamento se subroga
en esa potestad para ejecutar sentencias firmes dictadas por los Juzgados y
Tribunales. Ahora bien, siempre he
partido de la falta de ética profesional de los jueces y magistrados
integrantes del Poder Judicial, falta de ética derivada de la inexistencia de
la carrera judicial en el país desde que éste accedió a la independencia el 12
de octubre de 1968. En este sentido, si se tiene presente que todas las leyes
orgánicas reguladoras del Poder Judicial que ha conocido el país dedican parte
de su articulado a la carrera judicial, a la que debe accederse mediante la
superación de una prueba selectiva y sometimiento a una formación durante dos
años en la Escuela de Práctica Judicial, la realidad de esa aspiración es
contraria, porque ninguno de los que ostentan en Guinea Ecuatorial el cargo de
juez o magistrado es de carrera, por no haber superado los filtros legales para
la obtención del título habilitante. Así las cosas, se nota que hay un hueco
ético profesional en ese personal, por ignorar de facto las obligaciones y
derechos del juez en el ejercicio de sus funciones. Todo es rutina, y estamos
en pleno siglo XXI en un país con
problemas económicos y sociales de gran magnitud que sólo deben resolver esos
jueces y magistrados. Hueco ético profesional que se cubre con la corrupción
galopante que se registra en los juzgados y tribunales detentados por jueces y
magistrados sin formación profesional, que, aparte de dictar a sabiendas
resoluciones injustas, confunde los
depósitos judiciales de los administrados con su salario, por su constante
desvío. Ante ese estado de cosas, gana terreno la Comisión de Quejas y
Peticiones, que basa su actuación en la defensa de los intereses de los
ciudadanos que votan a los diputados.
13.- Pregunta: ¿Cree usted que la justicia es universal?. ¿Sabría en
este sentido explicar del por qué la Comunidad Internacional en más de
cincuenta años tiene sometida y permite el genocidio a la población de
Palestina?
Respuesta: Del eterno conflicto
entre Israel y Palestina tengo poco que opinar, porque el Derecho, como deber
ser, es el que resuelve casi todos los problemas del mundo, por la
inobservancia de la ley de la jungla que ha impuesto la civilización moderna.
Pues no hay derecho aplicable al caso israelo-palestino. Hace poco albergué
esperanzas de solución cuando el Santo Padre Francisco, tras su viaje a ambos
países, reunió en Roma a los líderes de ambos estados. Apenas dos meses de esos
encuentros, han vuelto a saltar las alarmas, y allí tenemos el holocausto
sangriento, condenado por la ONU y también por EE.UU. Amnistía Internacional ha
pedido que los responsables de ese magnicidio sean conducidos ante el Tribunal
Penal Internacional. Tal vez el conflicto sea resuelto por las futuras
generaciones.
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
